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Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, la desigualdad estructural continúa con un 25,8% de la población en riesgo de pobreza

La desigualdad estructural en España se ha fortalecido durante décadas. Esto se debe a un conjunto de políticas laborales y sociales que han carecido de un enfoque basado en la equidad, que permita la redistribución de la riqueza y la consolidación de un mercado laboral inclusivo y un escudo social que garantice el acceso a todas las personas a una vida digna.

La carencia de una protección adecuada de derechos laborales, así como de prestaciones sociales -contributivas y no contributivas- para garantizar que ninguna persona se quede atrás han constituido una realidad desigual. En los últimos años, hemos experimentado una serie de reformas y de políticas públicas que pretenden reajustar el camino, con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, entre otras medidas.

Leve mejora de los indicadores de pobreza en España

En los últimos resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE, podemos observar una leve mejora en los indicadores de pobreza. Sin embargo, continuamos con cifras bastante sólidas que reflejan la desigualdad material en el país. El 9,1% de la población manifestó llegar a fin de mes con mucha dificultad. Este porcentaje se redujo en 0,2 puntos respecto del año anterior, siendo una reducción muy escasa. Sin embargo, no podemos negar que ha habido un avance.

En ese mismo sentido, los hogares que no pudieron afrontar un gasto imprevisto se situaron en el 35,8% en contraste con el 37,1% del año anterior. Por el contrario, los hogares que no pudieron permitirse al menos una semana de vacaciones fuera de casa al año aumentó en 0,3 puntos porcentuales, situándose en el 33,4% de los hogares españoles.

La Encuesta de Condiciones de Vida revela también que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo en este último año, pasando del 26,5% al 25,8%. En ese mismo sentido, la población que se encontraba en situación de carencia material y social severa pasó del 9% al 8,3% en 2024. En ambos casos, se experimentó una reducción de 0,7 puntos porcentuales.

Por su parte, el ingreso medio por persona se incrementó en 2023, llegando a los 14.807 euros anuales, creciendo 5,1 puntos porcentuales respecto de 2022.

Las comunidades con mayores tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas fueron Andalucía (35,6%); Castilla-La Mancha (34,2%), y Extremadura y Región de Murcia (32,45%, en ambos casos). En contraste, las comunidades autónomas con menores tasas son País Vasco (14,8%); Illes Balears (16,2%) y Navarra (18,3%).

Muchas cuestiones pendientes para frenar la desigualdad estructural

Desde USO valoramos el avance que se puede apreciar con los datos publicados. Reconocemos que no son producto de la casualidad, sino de una serie de medidas que se han llevado a cabo en los últimos años. Sin embargo, no podemos caer en la ingenuidad y quedarnos con este ligero avance en los indicadores de pobreza.

La realidad demuestra que, aunque el balance resulta positivo -tímidamente-, las medidas que se han llevado a cabo resultan insuficientes para terminar con la desigualdad estructural. Existen muchas cuestiones pendientes de atender que nos dejan apreciar colectivos de población que viven aún con mayores desafíos y que no se están atendiendo correctamente. Por ejemplo, la existencia de brechas de género, tanto salariales como en las pensiones, o la pobreza de hogares monomarentales, son temas que deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda política e institucional. También, la pobreza infantil, que pone en riesgo de pobreza a niños, niñas y adolescentes, es un problema evidente, carente de una solución integral. Y, la falta de enfoque inclusivo e interseccional en las políticas públicas.

Con todo lo anterior, y que los salarios medios en España no han aumentado y el coste de la vida cada día es más alto, la mayoría de las personas llegan justas a fin de mes. Debemos de replantear las estrategias y garantizar que haya una redistribución de la riqueza, no se puede permitir una asimetría económica tan elevada.